Soy fotógrafo y reportero
freelance, me llamo Manuel Moriel, y estoy especializado en periodismo de
investigación. En los últimos años me dedico a recabar información sobre temas
de inmigración. En esas estaba cuando descubrí que los abusos policiales son
algo cotidiano en ese entorno. Me muevo por los círculos dominicanos de mi
barrio y les saco fotos. Por eso en la madrugada del 19 de abril de 2008 me
encuentro en el bar “La Torre” de la calle Fernando El Católico cuando las
fuerzas de orden público entran de forma salvaje, en una macrorredada conjunta de la policía municipal de Madrid y la policía nacional en el marco
de una operación antidroga. Al grito de
“al que se mueva gomazo y el que hable directamente al hospital” parecían Los
Hombres de Harrelson invadiendo una zona de conflicto como Irak o Afganistán en
vez de un control rutinario de una sala de fiestas. Con esas amenazas tratan de amedrentar e intimidar a todas las
personas que van encontrando con muy malas formas y en actitud racista mientras
piden la documentación y registran a los clientes. Yo estoy tomando una cerveza y lo que veo es
noticia. En ese momento llevo mi cámara fotográfica colgada al cuello y una
bolsa negra donde guardo una cámara oculta. La misma que usé para entrar en el
Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche destapando la falta de
seguridad en la custodia de los inmigrantes recluidos, y para infiltrarme en
las mafias de prostitución africana. En una ocasión incluso he conseguido que
la policía municipal que patrulla por el Parque del Oeste se pusiera en
evidencia en un reportaje sobre los ecuatorianos que se dedican a la venta
ambulante de comida (échale un vistazo porque no tiene desperdicio y no es un
montaje; se grabó sin cortes: En http://www.youtube.com/watch?v=Xaf_TsPsiqQ
. Y en la primera entrada
de www.elreporterointrepido.blogspot.com
). Comienzo a grabar la situación, con la mala suerte de que un policía se
acerca a mí y me pregunta qué llevo dentro de la bolsa. La abro, paro la
grabación, y me acredito como periodista enseñando mi carnet de la Asociación
Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y TV (ANIGP-TV). El policía lee el requerimiento de la asociación que
dice que “la ANIGP-TV solicita a todas las organizaciones periodísticas y
autoridades públicas a prestar al poseedor de este documento la ayuda necesaria
en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales”. Y me “ayuda” tirándolo
al suelo, arrastrándome con otros agentes a patadas, puntapiés y empujones a la entrada del local que es una
especie de vestíbulo con dos puertas, una mirando a la calle y otra hacia el
interior, con una pequeña ventanilla. El objeto de esta operación es que no
haya testigos, y aprovechan para darme una paliza. No obstante, por esa
ventanilla se asoma el camarero de sala,
Antonio Florentino Ayala, de forma ocasional y presencia cómo me arrean fuerte.
A todo esto yo intento proteger la cámara de fotos con la mano izquierda, y
sujeto la bolsa con la mano derecha, con lo que estoy indefenso, no puedo parar
ningún golpe y se ceban conmigo. A pesar de los esfuerzos por salvaguardar el equipo,
es inútil, noto que han roto mi Canon EOS 20D valorada en 1.500 euros y sigo
sin defenderme aguantando estoicamente los golpes, temiendo por mi vida. Me
empujan a la calle, me tiran al suelo y me ponen las esposas. Me llevan en un
furgón a la comisaría de Chamberí, junto a una mujer y un hombre. Allí me
requisan todas las cámaras y arrancan un
objetivo de botón que llevo en la solapa del abrigo y que estaba apagado.
Visionan el vídeo de lo grabado en una habitación contigua. Un policía me dice
que me tienen controlado, que me han visto con la bandera de un partido
político, en la noche de las elecciones generales. Y yo alucino en colores por
las actitudes preconstitucionales que exhiben estos agentes. Me toman las
huellas dactilares, me leen los derechos y me meten en el calabozo. Esa noche
el “hotelito” está completo de inmigrantes en situación irregular y yo soy el
único español. Las redadas dieron su fruto y no cabía un alfiler más. Me asiste
mi hermano que es abogado y que llega por la tarde del día siguiente. Es
entonces cuando me entero que se me imputa un delito de atentado a la
autoridad. Siento tanta consternación que les llamo mentirosos y me niego a
declarar delante de la policía. Antes de dejarme libre les pido las cámaras y
no me las devuelven. Después paso reconocimiento médico en un centro de salud.
Me sueltan, mi abogado consigue una copia del sumario. Según la versión de la
policía ellos pidieron la documentación dos veces, y yo, que soy periodista
acreditado, me negué. Entonces según su versión, les dije que estaba grabando
todo y empiezo a agredir a dos policías, en la barra del bar. Con lo que
justifican que me tienen que reducir con “la fuerza mínima imprescindible”.
Todo esto es falso y además absurdo porque lo primero que hice para evitar
problemas fue sacar mi carnet de prensa. Además un profesional no le dice a la
policía que lo está grabando todo si lleva cámara oculta y ni se le ocurre
agredir a la policía para filmarse cometiendo un delito. Analizamos las
lesiones de los policías supuestamente agredidos. Uno presenta contusión
lumbar, dolor de espalda, una enfermedad laboral muy común, subjetiva, y que
bien podía habérsela causado cuando me pegaba. El otro quemaduras en las manos
que, según el forense “son lesiones previas y ajenas a los hechos que no
guardan relación con los mismos”. Con esto dice mi abogado que el archivo está
cantado y que es evidente que la policía hizo la redada con la intención de
mentir.
El 16 de mayo de 2008
presto declaración ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Plaza de Castilla y cuento la verdad de
los hechos. A las pocas semanas funcionarios del juzgado llaman por teléfono a
mi abogado y le comunican que el caso se ha sobreseído gracias al informe del
forense, y que puedo ir a recoger las cámaras. Cuando voy a por el equipo, un
funcionario, el mismo que me interrogó cuando declaré lo sucedido, me reitera
que el asunto está archivado. Le pido que se levante acta para saber en que
situación me devuelven el material, y se niega rotundamente. “Tengo prisa,
estoy muy cargado de trabajo por que vienen unos presos”. Al final allí estaban
las cámaras, todas rotas. Y la cinta de la grabación no apareció por ningún
lado. Por eso la sorpresa es mayúscula cuando, en octubre de 2009 la petición
del fiscal es de un año de cárcel e
inhabilitación especial. Y que habían pasado 15 meses desde los hechos, en un
procedimiento abreviado que, en principio se pensó como un juicio rápido. Me
pongo en contacto con los servicios jurídicos de la ANIGP-TV, con el despacho de
abogados Bretón de los Herreros, y la letrada Mercedes Arroyo Ramos se hace
cargo de la defensa. Le pido que indague sobre el sobreseimiento y me dice que
no aparece en el expediente. Le solicito que reclame, que no es posible que la
causa se haya mantenida viva por negligencia de los funcionarios, y se niega. Y
empiezo a confeccionar la lista de testigos. Yo soy partidario de citar a todos
pero la abogada no lo cree conveniente alegando que algunos me podrán acompañar
al juicio sin previa citación como es el caso de Antonio Florentino Ayala.
A finales de septiembre
de 2010 recibo una notificación del Juzgado de lo Penal número 27 donde se
convoca la vista oral para el próximo 26 de octubre. Tengo que preparar el
juicio y le pido a la letrada que me consiga
una copia de las actuaciones judiciales y no me la quiere dar. En ese
momento la ANIGP-TV había cambiado de servicios jurídicos y el despacho Bretón
de los Herreros ya no gozaba de su confianza, con lo que mi hermano solicita la
venia y el caso vuelve a sus manos.
Un día antes del juicio,
uno de mis testigos, Antonio Florentino Ayala, recibe una brutal paliza por
parte de policías de la comisaría de Chamberí, cuando había salido de “La
Torre”. Fueron a por él a cazarle y casi le dejan en silla de ruedas. Incluso
le encañonaron con una pistola y le amenazaron con pegarle un tiro porque
era “un puto negro de mierda”. Chamberí
es el distrito donde vive el ministro del interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y
a pocas manzanas del conocido restaurante donde cena los fines de semana
sucedieron estos hechos. Por culpa de las lesiones, este testigo está
convaleciente en la cama y no puede testificar en el juicio. Además no podemos
reclamarlo en el juzgado, por que no figura en el proceso, ya que no fue
incluido, por la otra abogada, en la lista de testigos.
Comienza la vista oral. Y
testifican varios policías, el dueño del bar, el pinchadiscos y un cliente.
Todas las versiones policiales son contradictorias y diferentes, no se ponen de
acuerdo en el lugar de los hechos, uno dice que en la barra, otro que en la
calle, otro que no se acuerda, otro lo está leyendo directamente del sumario…
Incluso el que se inventó las quemaduras afirmó bajo juramento que yo fui el
causante. El material legal sería
suficiente para procesarlos. Los testigos, pertenezcan o no, a las fuerzas de
seguridad del Estado, incurren en delito si no dicen la verdad. Que este caso
sirva para replantearnos ciertos privilegios de la policía como la presunción
de veracidad, para que endurezcan el acceso a las oposiciones de los cuerpos
policiales, y para depurar responsabilidades en la comisaría de Chamberí, la
misma que también atropelló al fotoperiodista Edu León cuando realizaba sus
reportajes sobre las redadas a los inmigrantes.